Delitos contra la libertad de la persona

Los delitos contra la libertad de la persona son aquellos que atentan tanto contra la libertad física del individuo (libertad de movimientos) como los que lo hacen contra su libertad de actuación. 

Dentro de los delitos contra la libertad de la persona encontramos tipificados varios tipos como son:

Delito de detención ilegal: se trata de aquel delito mediante el cual se retiene o incluso encierra a un individuo en contra de su voluntad, bien mediante el uso de la fuerza física o bien mediante engaños. En cualquier de los casos se consideraría como un delito.

Existen excepciones como puede ser la detención llevada a cabo por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que cuentan con supuestos de legitimidad para realizar una detención, por ejemplo ante la comisión de un delito o la necesidad de poner en disposición judicial a un individuo. 

En cualquier caso este tipo de detenciones legales deben realizarse siempre en el marco de actuación que la legislación permite y respetando todos los derechos de los detenidos como la puesta a disposición judicial.

Las penas que conlleva un delito de detención ilegal son de prisión, y oscilarán entre los 4 y 6 años, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se dio.

En aquellos supuestos en que dicha detención ilegal es llevada a cabo por un funcionario público, la pena impuesta se agravaría y además llevaría pareja una pena de inhabilitación para ejercer su cargo de entre 8 y 12 años.

Delito de secuestro: se trata de aquel delito en el que se retiene a una persona, contrariamente a su voluntad, con el objetivo de, o bien exigir un rescate monetario o bien que se lleve a cabo algún tipo de acción concreta.

Se trata de un delito penado con prisión de entre 6 y 10 años, pena que varía en función de las circunstancias y los hechos que giren en torno al delito.

Delito de amenazas: se trata de aquel delito en el que se amenaza o se advierte a otra persona de su intención de producirle un daño a ella o alguien de su entorno.

Las penas que se contemplan en el Código Penal para este tipo de delitos dependerán de las circunstancias que rodean a la comisión de este delito. Por ejemplo en aquellos supuestos en los que la amenaza tiene como objetivo conseguir una cantidad monetaria las penas a las que se enfrenta el condenado oscilan entre el año y los cinco años de prisión.

Si estas amenazas no están condicionadas a la realización de ninguna acción o el pago de una cantidad monetaria las penas que se contemplan oscilan entre los dos y los seis años de prisión.

Para el delito de amenazas la ley contempla una serie de agravantes, como puede ser el llevarla a cabo a través de cualquier medio de comunicación o cuando se dirigen hacia una multitud de personas.

Cuando la amenaza no está relacionada con llevar a cabo un acto considerado delito, la pena a la que enfrentaría quién emita la misma será de entre 2 meses y dos años de prisión o bien una multa de 12 a 24 meses, en función de las circunstancias en que se hubiera producido.

Delito de coacción: la coacción es el acto mediante el cual una persona impide a otra que lleve a cabo una acción (no constitutiva de delito), coartando así su libertad de movimientos y acción. 

Esta coacción puede llevarse a cabo a través de violencia física o también psicológica. En todos los casos se trata de un delito puesto que se está impidiendo a un individuo que ejerza su libertad.

Este tipo de delito puede conllevar o bien una pena de prisión de entre seis meses a tres años o bien una multa de entre 6 y 24 meses. La pena impuesta finalmente dependerá del tipo de coacción y bajo que medios se realizó.

Existen otra serie de delitos relacionados con la libertad de la persona, como puede ser el delito de torturas, cometido por una autoridad o funcionario público o el delito de lesiones, en las que se causa un daño físico a una persona y que puede ser considerada leve o grave, en función de si se ha requerido de asistencia médica o no.

Teniendo en cuenta que la gravedad de las consecuencias es variable, las penas impuestas también lo serán, atendiendo a las circunstancias concretas que rodearon el delito.

También encontramos el delito contra la integridad moral que es aquel por el cual una persona trata de forma degradante a otra.

Los delitos contra el honor engloban dos tipos: calumnias e injurias. El primero se produce cuando una persona acusa a otra de haber cometido un delito, aún siendo falsa dicha aseveración. La injuria es aquel delito por el que una persona realiza una serie de declaraciones sobre otra que pueden lesionar su dignidad o dañan su autoestima.

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